UGT participa en el debate Europeo sobre efectivo en el seno de UNI-EUROPA
El Sindicato Federal de Seguridad Privada de FESMCUGT participa en la reunión europea donde Sindicatos y Empresas han debatido sobre la situación del efectivo en el marco europeo.
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“ En este sentido UGT traslada que la reducción o eliminación del efectivo en España merece un debate político en profundidad puesto que influye en el mantenimiento de empleo en el ámbito de seguridad privada pero además puede situar a una parte de la sociedad en graves desigualdades “.
Durante la última década la implantación de medios tecnológicos ha ido en aumento a pasos agigantados instalándose en la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas de toda Europa. La crisis sanitaria del COVID 19 no ha hecho más que acelerar este proceso afectando a todos los ámbitos de la sociedad. Estos avances que, en un principio, vienen para mejorar nuestras vidas, a veces, irrumpen en ellas de forma desordenada provocando consecuencias negativas que se deben detectar a tiempo. Ejemplo de esta situación es la lucha contra el pago efectivo que se lleva librando desde hace años por la implantación de las tarjetas de crédito y demás dispositivos electrónicos que han reducido drásticamente la circulación del dinero efectivo en toda Europa.
En España, a este respecto, en el mes de junio de este año se planteó en el parlamento una propuesta no de ley (PNL) donde se reducía el pago en efectivo de 2500 a 1000 euros y “la eliminación gradual del pago en efectivo como medio para prevenir y erradicar el fraude fiscal”. Desde el Observatorio de seguridad privada impulsado por UGT se lanza una campaña en contra de esta última medida en los medios de comunicación basada en las siguientes premisas:
• Impacta de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad cuyo nivel de bancarización es muy inferior, y que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet. En particular, para los más de 3,3 millones de parados que existen en España y en general, para los 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, así como para casi 1 de cada 5 españoles que viven en zonas rurales.
• Afecta muy directamente a los más de 9 millones de pensionistas, de los que más de 2 millones no viven acompañados, y que desde siempre realizan sus pagos y operaciones comerciales de forma muy mayoritaria mediante dinero físico. Y dificulta o impide que la población más joven pueda realizar cualquier tipo de compra habitual del día a día, al no tener acceso a las tarjetas bancarias.
• Incide de forma directa en la competitividad de los pequeños comercios que, en una situación ya de por sí especialmente crítica, se verían obligados a realizar inversiones adicionales en plataformas de pago. El comercio de proximidad podría perder un importante volumen de clientes en favor de las grandes superficies comerciales, en especial aquellos de reparto, que se verían obligados a implantar el pago on line como único medio de pago permitido, además, en la actual situación económica y de confinamiento, sin los recursos ni el tiempo necesario.
• Condiciona la libertad de aquellos ciudadanos que legítimamente no quieren asumir los costes adicionales que implica tener y mantener una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de quienes controlan de forma más eficiente su economía familiar mediante el uso del efectivo. Eliminar el efectivo supone más coste y menos control del gasto para las familias, más monitorización de su vida y tener más deudas con los bancos.
• Significa optar por la eliminación del único medio de pago público y acelerar la completa privatización de este ámbito de actividad.
• Pérdida de empleabilidad del colectivo de seguridad privada que participa en el transporte de fondos y conteo de dinero efectivo.
Finalmente y ante la oposición liderada y promovida por el Observatorio de Seguridad Privada se procedió a la retirada de dicha PNL un día antes de su aprobación.
No queremos dejar de señalar que el propio Banco de España solicitó un dictamen al Banco Central Europeo el 28 de noviembre de 2018 sobre un anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y que éste en respuesta el 1 de febrero de 2019 dice entre otras cosa lo siguiente:
“ . . . Por otra parte, debe tenerse presente que la posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago. El efectivo también se aprecia en general como medio de pago porque es ampliamente aceptado y rápido y porque permite al pagador controlar sus gastos. Además, es un medio de pago que permite a los ciudadanos liquidar operaciones al instante, y el único medio de pago en dinero del banco central y a su valor nominal que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso.
Asimismo, el pago en efectivo no requiere una infraestructura funcional técnica y siempre puede usarse, lo cual es muy importante en caso de interrupción de los pagos electrónicos. Por otra parte, el pago en efectivo facilita la integración en la economía del conjunto de la población, al permitirle liquidar de esta forma cualquier tipo de operación financiera. . . “.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AB0004&from=ES
Es importante remarcar que ya existen antecedentes de estas prácticas en países del norte de Europa como Suecia, precursora en la eliminación del efectivo en un 95% y que ya empieza a sufrir sus consecuencias más negativas como las amenazas fundadas de ataques cibernéticos desde otros países y la entrega del propio sistema financiero en manos privadas donde el propio gobernador del Riksbank (el banco central sueco), Stefan Ingves, hizo un llamamiento para redactar una nueva legislación que asegurase el control público del sistema de pagos del país, argumentando que poder realizar y recibir pagos es un servicio colectivo, como lo puede ser la defensa, la justicia o las estadísticas públicas.
Es innegable que la eliminación del efectivo es un tema transversal que afecta a todos los sectores de la sociedad y que solo pueden afrontar los gobiernos de cada país con cambios legislativos que garanticen que el efectivo siga estando disponible al público para evitar todos las consecuencias ya mencionadas en este escrito y así, conseguir una sociedad igualitaria y justa que no deje al margen a los colectivos más desfavorecidos condenándoles a la exclusión social.
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