La situación que acontece en Ceuta pone nuevamente en el debate la situación en precario de la Seguridad Privada en los CETi
La lamentable situación vivida en estos días en Ceuta deja nuevamente al descubierto la falta de rigor tanto del Gobierno Central como de la ciudad autónoma en la forma de contratar los servicios de seguridad que ejercen las funciones de control en los denominados CETI.
Los contratos licitados por la administración pública para dotar de seguridad privada este tipo de instalaciones carecen de presupuesto suficiente para garantizar la adecuada calidad del servicio así como garantizar las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad que prestan sus servicios
Desde el Sindicato de Seguridad Privada y servicios auxiliares de FESMC UGT durante el tiempo se ha venido insistiendo en la necesidad en cuanto a que el Gobierno revise la forma de contratación de la seguridad privada en aquellos lugares estratégicos donde queda situada en el conjunto del país así como en los centros de estancia temporal de inmigrantes, situación desatendida por las distintas administraciones que son competentes en materia de seguridad pública y privada y que siguen poniéndose de perfil sin abordar realmente una problemática que afecta directamente a las personas trabajadoras de la seguridad privada y de la propia ciudadanía que utiliza habitualmente estos espacios de pública concurrencia.
En relación a los CETI los vigilantes de seguridad desempeñan una tarea de control sin disponer de suficiente autoprotección personal ni tan siquiera sanitaria. Desde UGT se ha venido solicitando de las instituciones reforzar las mencionadas medidas e incluso dotar de vacunación a los vigilantes en la misma forma que al personal dispuesto desde la administración en los citados centros. En recientes fechas la totalidad de personal dispuesto en los CETI ha recibido la vacuna contra el COVID 19 excepto los vigilantes de seguridad.
Desde UGT se ha vuelto a trasladar al Gobierno Central como a la ciudad autónoma de Ceuta la necesidad de revisar los protocolos de actuación en este tipo de servicios que requieren un mayor compromiso por parte de las administraciones de este país
