La negativa de poder acreditarse mediante la TIP en los juzgados deja en indefensión a los vigilantes de seguridad en el desempeño de sus funciones
Las Administraciones publicas vuelven a demostrar su falta de compromiso con el personal de Seguridad Privada en el desempeño de sus funciones que realizan asiduamente en determinadas instalaciones dónde actúan en primera línea.
UGT viene solicitando el necesario cambio de modelo de seguridad privada en nuestro país. Un sector que actúa directamente en espacios e instalaciones estratégicas en pleno contacto con la ciudadanía y como primer garante en la seguridad de los mismos y que contrariamente dispone de escasas o nulas garantías jurídicas que deben ser revisadas y mejoradas por el Ejecutivo.
El facilitar la totalidad de datos en los distintos juzgados donde los vigilantes comparecen ante intervenciones realizadas en el desempeño de sus funciones genera que las personas que han sido puestas a disposición de las FCSE fruto de algún posible delito conozcan todos los datos personales de los vigilantes de seguridad. Si bien la legislación vigente así como suficiente doctrina jurídica no reconocen expresamente que los vigilantes puedan identificarse con el TIP desde UGT se viene solicitando que el Ejecutivo explore la modificación necesaria tanto en esta materia de protección así como la ampliación del carácter de agente de autoridad para este colectivo. Situaciones trasladadas al Ministerio de Interior por parte del Sindicato en conversaciones mantenidas a tales efectos.
Las administraciones públicas en general y el propio Gobierno, no deben seguir cimentando un modelo de seguridad privada donde una parte cada vez mayor de empresas de seguridad, clientes y la propia administración contribuyen a generar un sector basado en las adjudicaciones de servicios que sitúan constantemente al colectivo en falsos estándares de calidad así como en el constante incumplimiento de estas empresas con sus personas trabajadoras.
Adjudicaciones de servicios donde prime el concepto de calidad, mayor protección jurídica para el personal de seguridad privada deben servir como punta de lanza entre otros aspectos a explorar, en un cambio necesario de modelo de un sector cada vez más presente en la vida cotidiana de la ciudadanía en nuestro país y que merece un mayor reconocimiento social, laboral y político.
