La empresa de seguridad privada GRUPO EME presenta concurso voluntario de liquidación afectando a unos 500 trabajadores y trabajadoras en el territorio nacional
La liquidación concursal es el procedimiento más contundente, aún así, se intenta que la sociedad continúe el funcionamiento y que de esta forma acabe pagando a todos sus acreedores.
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La Mercantil que ya venía presentando problemas de liquidez en los últimos meses, abre nuevamente el debate sobre un modelo de contratación de servicios de seguridad en nuestro país que unido a malas practicas empresariales basadas en ofertas y adjudicaciones a bajo precio concluye con desempleo para sus trabajadores y trabajadoras
El propio Gobierno, usuarios públicos y privados de servicios de seguridad privada siguen impasibles ante un sector como el de seguridad privada que requiere con urgencia un cambio de modelo en nuestro país. GRUPO EME representa una vez mas a un amplio ramillete de empresas que operan en el sector de la seguridad privada basando sus estrategias comerciales en aumentar la facturación fruto de adjudicaciones de servicios a bajo precio, para posteriormente y una vez contraídas deudas con hacienda y seguridad social presentar concursos voluntarios de liquidación evitar el pago de las mencionadas deudas y dejar sin empleo al colectivo de trabajadores y trabajadoras adscritos a las mencionadas empresas.
Esta situación se agrava ante la doctrina emitida por el Tribunal Supremo en base a que cualquier empresa de seguridad que acuda a prestar servicio en los clientes anteriormente de la titularidad en este caso de GRUPO EME debe asumir las deudas de esta. Ello conlleva en primera instancia a la no presencia de las empresas en este tipo de servicios y en consecuencia una amplia dificultad de subrogación de personal como garantía de mantenimiento del empleo.
Las administraciones públicas se convierten en cómplices necesarios por sus bajos precios de adjudicación de un modelo de seguridad privada en España basado en la nula o escasa calidad en la prestación de servicios, así como en sistemáticos incumplimientos con el personal de seguridad en materia laboral que como desenlace final se remata con constantes concursos
UGT nuevamente insta al Gobierno a tomar medidas urgentes sobre un sector que merece otro tipo de comportamiento en base a la contratación de sus servicios, así como iniciara todos aquellos tramites para que una situación traumática para los trabajadores y trabajadoras afectados se realice en la forma más ágil posible.
En los últimos años empresas como FALCON, SEQUOR, INTEGRAL CANARIA, NOVOSEGUR, MARSEGUR, SINERGIAS, SEGUR IBERICA, LPM, OMBUDS y ahora GRUPO EME han dejado de operar en el sector dejando un numero importante de familias en desempleo a lo largo del territorio nacional, situación que sin duda seguira produciéndose si el Gobierno sigue pasando de perfil ante una situación que requiere de una intervención de urgencia por parte del Ejecutivo.
