La cuantía de las nuevas pensiones se reducirá un 4% cada 10 años y de manera acumulativa
El Gobierno reconoce en Bruselas los efectos de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad.
El Gobierno del PP, aunque en España trata de silenciar las consecuencias de su política de pensiones, en Bruselas presume de las consecuencias de las reformas impuestas. Reformas que de mantenerse transformarán nuestro actual sistema público de pensiones en un modelo de pensiones de indigencia, sin ningún encaje constitucional. En la última versión de la Actualización de Programa de Estabilidad reconoce, por primera vez, que a partir de 2019 se producirá una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4% cada 10 años y de manera acumulativa.
Además, en una década se retrasará en casi 9 meses la edad media de jubilación efectiva en España, siendo ya una de las más altas de la UE.
Por otra parte, en el citado informe el Gobierno destaca el valioso papel del nuevo Índice de Revalorización Anual de las pensiones a la hora de “congelar” el gasto en pensiones (el sindicato estima en un 20% la pérdida de poder adquisitivo, cada 10 años, por este índice)
Tal y como reconoce el propio Gobierno en la nueva versión 2017-2010 de la Actualización del Programa de Estabilidad, en una década se retrasará en casi 9 meses la edad media de jubilación efectiva en España (que por cierto es una de las más altas de la UE con 64,1 años) y a partir de 2019 (gracias al llamado Factor de Sostenibilidad) se producirá una reducción de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación del 4%, acumulativo cada 10 años (es decir una pensión de jubilación de 1000 euros mensuales no pasará de 960 euros en solo 10 años y así sucesivamente).
A esto hay que sumar, la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los pensionistas a tenor del Índice de Revalorización Anual de las Pensiones ideado por el Gobierno, para evitar que las pensiones se revaloricen conforme al IPC (el incremento de pensiones del 0,25% anual o como mucho del 0,5% quedará muy por debajo del coste de la vida), lo que producirá un grave y creciente empobrecimiento de los pensionistas a lo largo de su vida (conviene recordar que la pensión media se sitúa en 918 euros mensuales).
Así, al Gobierno no parece interesarle el daño que se produce en la equidad intergeneracional al percibir los jubilados pensiones mucho más bajas que los que les preceden.
Todo esto hace que el gasto en pensiones apenas varíe en las próximas décadas, a pesar de que se prevé que el número de pensionistas aumente en más de 6 millones. En 2013, el gasto en pensiones fue del 11,8% del PIB; en 2050 será ligeramente superior (12,3%) y a partir de entonces y hasta 2060, volverá a descender al 11% del PIB, según las propias estimaciones del Gobierno.
El Ejecutivo entiende que el tope máximo de gasto debe adecuarse a los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social (que se mantienen más o menos estables desde hace años en torno al 11% del PIB). Sólo le preocupa la dimensión financiera y la capacidad del sistema para autofinanciarse. Sin embargo:
1. Oculta que ese nivel de ingresos por cotizaciones es sustancialmente inferior al de otros países de referencia (14% en Alemania, 16,9% en Francia)
2. Da por hecho que las pensiones contributivas solo puedan ser financiadas a través de cotizaciones cuando en otros países (como Alemania o Francia) las aportaciones del Estado representan más del 25% del total de gasto en pensiones.
3. Se silencia que en distintos países (como Italia, Francia o Austria) dedican un porcentaje sustancialmente mayor al pago de pensiones públicas (alrededor de 3 puntos porcentuales más del PIB), sin que esto suponga ninguna amenaza seria para la estabilidad presupuestaria a ojos la Comisión Europea.
4. El Gobierno obvia y no da ninguna relevancia a la fuerte caída del gasto que se producirá a partir de 2050, como consecuencia del agotamiento de los efectos de la jubilación de la generación del baby boom.
UGT considera que las reformas de 2013 y la inacción del Gobierno ante el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social reflejan una concepción ideológica. El modelo de pensiones que el Gobierno parece perseguir sacrifica el papel central que el sistema público representa dentro de nuestro Estado de Bienestar.
En este sentido, conviene recordar que tan importante como la sostenibilidad financiera del sistema es su adecuación o sostenibilidad social y jurídica, es decir debe adecuarse a lo que marca la Constitución. O lo que es lo mismo, las pensiones no pueden contemplarse solo como un problema de números, cuadrar cuentas ajustando básicamente el gasto (algo que por supuesto UGT no comparte, que en reiteradas ocasiones ha señalado que el problema del sistema no es de gastos, sino de ingresos y para eso hay soluciones). La prioridad debe ser garantizar unas pensiones adecuadas que permitan vivir dignamente a las personas mayores.
