El Gobierno condena al desempleo a 184 Vigilantes de Seguridad dispuestos en las prisiones de Madrid, Extremadura y Castilla La Mancha
El concurso de adjudicación para sustituir a la anterior empresa OMBUDS ha quedado desierto por segunda vez, situando a los vigilantes adscritos en los mencionados centros cerca del desempleo
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El concurso de seguridad dependiente del Ministerio del Interior como históricamente han sido la mayoría de concursos públicos impulsados por las administraciones que han sido adjudicados prácticamente por importes económicos cercanos al dumping empresarial. Esta es una de las causas por las que precisamente OMBUDS como anterior titular de seguridad en estas prisiones, al igual que un número importante de empresas de seguridad han presentado concursos de acreedores durante los últimos años dejando a miles de trabajadoras y trabajadores en el desempleo y amplias deudas con hacienda y seguridad social.
La empresa OMBUDS presentó concurso en el verano del pasado año 2018 afectando a 8000 empleados. En la actualidad la gran mayoría de ellos prácticamente el 94% después de haber cobrado sus nóminas durante el proceso concursal han mantenido su empleo mediante la subrogación dispuesta en la negociación colectiva en otras empresas del sector.
En el caso de Prisiones el Ministerio de Interior sustituyó a los vigilantes de seguridad por fuerzas y cuerpos de seguridad del estado con nocturnidad y alevosía a finales de año, entre otros motivos para evitar cualquier responsabilidad sobre el pasivo contraído por OMBUDS sin importar el deterioro del nivel de seguridad sufrido en estos centros penitenciarios por la modificación y reconocido por las propias FCSE que asumieron dicha responsabilidad con una clara falta de efectivos.
UGT mantuvo conversaciones con Interior donde se indicó que se procedería a licitar el concurso situación que se ha producido en dos ocasiones quedando el mismo desierto al no presentar oferta ninguna empresa del sector. Ello obedece en primer lugar a no disponer de un presupuesto que haga atractivo el concurso así como a la denominada Sentencia Somoza que obliga a la empresa entrante a asumir las deudas contraídas por la anterior en el caso de subrogación de personal.
Lo acontecido en prisiones acaba afectando a un número importante de vigilantes que sin ser culpables de la situación ven como empresas y el Ministerio no son capaces de resolver un problema que de no abordarse en el corto plazo los aboca a la perdida definitiva de sus puestos de trabajo, para que posteriormente las empresas de seguridad puedan hacerse adjudicatarias del servicio con distintos vigilantes y así evitar cualquier responsabilidad de deudas contraídas por OMBUDS al no subrogar a los vigilantes que actualmente están adscritos a este servicio y que permanecen a día de hoy en un ERTE que OMBUDS pretende convertir en ERE en los próximos días ante la impasividad del Ministerio de Interior en resolver pacíficamente el concurso de prisiones.
UGT ha instado al Ministerio de Interior a resolver esta situación en cualquiera de sus formas donde se garantice la continuidad en sus puestos de trabajo de los 184 vigilantes de seguridad afectados por una situación de la cual han sido meros espectadores de una pésima gestión empresarial así como una dejación absoluta por parte del Ministerio del Interior en no dar solución a un problema que ha sido resuelto en otros ámbitos de la administración sin excesivos problemas.
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